Posted on 29 Marzo, 2011 | 2 Comments
Ligia Bolívar recobra la importancia de que las clases humildes tengan acceso a las garantías jurídicas que les permita mejorar su calidad de vida
En el marco de la I Jornada sobre el Derecho a la Propiedad, realizada el 18 de febrero, tuvimos la oportunidad de acercarnos a las dimensiones sociales de este derecho, que con frecuencia se asocia de manera casi exclusiva a la posesión de medios de producción o de grandes extensiones de tierra, es decir, al patrimonio de grandes propietarios.
Contra esa visión limitada, y más allá del marco normativo internacional más conocido, encontramos una preocupación especial por el derecho a la propiedad de los sectores más vulnerables. Tanto en el ámbito interamericano como en el internacional encontramos normas que protegen el derecho a la propiedad de la mujer (sin lo cual resulta inviable el acceso a créditos), de los pueblos indígenas (demarcación de tierras y disposición de los recursos que ésta proporciona) y de los niños (en cuanto eventuales herederos).
Algunos autores desconocen la propiedad como derecho, alegando que ésta está asociada al “tener”, mientras los derechos están vinculados al “ser”. Argumento que no consigue suficiente sustento si se considera que otros derechos humanos incuestionables tienen un componente de “tener”, como es el caso de la seguridad social, la vivienda o el trabajo y su respectiva remuneración.
Puede afirmarse que la propiedad tiene una dimensión patrimonial restringida, en cuanto al uso, goce, disfrute y disposición, asociada a inmuebles y medios de producción; como señala un autor, se trata de las actividades relacionadas con “adquirir, a operar, a desarrollar y a trasmitir la propiedad privada de la tierra, de la industria, de los servicios, de la banca y de todos los componentes económicos de una nación”. Pero también puede observarse una dimensión social más amplia que asocia la propiedad al disfrute de ciertos patrimonios con utilidad económica, tales como ahorros, prestaciones, pensiones.
Un elemento esencial de cualquier sistema que reconozca la propiedad como derecho humano es la protección judicial, que se manifiesta en la existencia de reglas claras, transparentes y aplicadas en igualdad de condiciones.
Cuando estas reglas fallan, aún en el caso de grandes propietarios, los afectados son diversos. La expropiación de una empresa o unas tierras no afecta solo al dueño; de hecho, es posible constatar en el caso reciente de Venezuela una desmejora en las condiciones del trabajador rural o urbano, que se refleja en la pérdida de contratos colectivos y beneficios, como resultado del traspaso de la nómina a un Estado que difícilmente ha logrado honrar los compromisos contraídos con la plantilla tradicional de la administración pública.
El patrimonio, y por tanto el derecho a la propiedad de muchos trabajadores, puede verse afectado por fenómenos tales como el traspaso de fondos de prestaciones de trabajadores a mercados especulativos o bancos con intereses atractivos pero poco confiables, así como por el cambio de fondos de pensiones o jubilaciones a cuentas individuales administradas por entes privados o públicos distintos al empleador, sin las debidas garantías.
Bien sea que el Estado arremeta de manera arbitraria y sin respetar las debidas garantías administrativas y judiciales contra los “grandes propietarios” asumiéndose como Estado-propietario, o bien que flexibilice la administración del patrimonio de trabajadores o jubilados, o que simplemente no legisle para proteger de manera especial los derechos que faciliten a mujeres, poblaciones indígenas o niños el disfrute de bienes necesarios para su desarrollo, se atenta contra las posibilidades de superación de las personas y, por ende, contra su dignidad, la cual constituye la piedra angular de los derechos humanos.
Ligia Bolívar
Directora del Centro de Derechos Humanos Ucab
Jornada especial
El derecho a la propiedad se ha vuelto cada vez más un tema importante en la agenda pública, por ello la escuela de Derecho, el Centro de Derechos Humanos, el Grupo American de la Ucab y la fundación Konrad Adenauer organizaron la I Jornada de Derecho de la Propiedad, el 18 de febrero.
En esta primera edición participaron especialistas como Antonio Canova, Ligia Bolívar, Carlos Ayala, Luis Alfonso Herrera, Luis Modolell y Gustavo Grau.
En sus ponencias se establecieron conexiones entre el derecho analizado y otras ramas como el penal, administrativo y, especialmente, los derechos humanos.
Al mismo tiempo, esta actividad sirvió para recaudar más de 17.000 bolívares para financiar a la delegación ucabista que participará en el Concurso Interamericano de Derechos Humanos, que se celebrará entre 22 y el 27 de mayo en Washington, Estados Unidos, en la American University.
Agosto 22nd, 2014 at 23:36
moslem@echoed.vigreux” rel=”nofollow”>.…
спасибо за инфу!…
Agosto 24th, 2014 at 4:42
doyle@houses.gertrude” rel=”nofollow”>.…
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