Derechos Humanos en Venezuela: reto para la Ucab
Posted on 30 Julio, 2009 | No Comments
Desde hace diez años, en su misión de impulsar la vigencia de los derechos humanos, promocionar su conocimiento y vigilar el efectivo respeto y garantía de los principios y normas internacionales y nacionales sobre la materia, el Centro de Derechos Humanos (CDH) ha tenido como norte el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y se ha enfocado en ciertas áreas temáticas: libertad de expresión y acceso a la información, derecho a la participación, derechos de personas refugiadas y sistemas internacionales de protección.
En lo que respecta a la institucionalidad democrática, se parte de que la democracia y el acatamiento a los principios que la configuran son esenciales para que exista un marco de respeto, protección y garantía de los derechos humanos, y el debilitamiento del sistema democrático se traduce en restricciones a éstos y a las posibilidades de su ejercicio. En este sentido, en Venezuela se observa que el desafío de construir una mejor democracia a través de un mayor acceso de la población a condiciones que permitan el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, se ha formulado como prevalente –y hasta contrapuesto– a las posibilidades de ejercicio de los derechos civiles y políticos, y se ha presentado como justificación para desmejorar garantías democráticas.
Ejemplo del desdibujamiento de los principios que configuran la democracia real lo constituye la reciente aprobación de una enmienda constitucional para posibilitar la postulación reiterada e ilimitada de quienes ejercen la presidencia de la República y otros cargos de elección popular, que plantea serios riesgos, a saber: se ha debilitado el carácter alternativo del gobierno en un sistema presidencialista en que, además, el predominio del Poder Ejecutivo aumenta progresivamente y los controles parlamentarios disminuyen; se ha dificultado el acceso a cargos públicos de elección popular; el continuismo indefinido afianza peligrosamente elementos personalistas; se debilitan las posibilidades de control de los ciudadanos hacia los gobernantes; y se hace peligrar la realización de comicios equitativos.
Respecto al ejercicio del derecho a la participación, en términos generales existe en el país una realidad dual, en que parte importante de la población refleja satisfacción por mayores niveles de inclusión –aunque en muchas áreas no pase de ser simbólica– y siempre caracterizada en actividades de colaboración con autoridades públicas; mientras que otra parte de la población, no menos importante, que ejerce el derecho a la participación en actividades de control, encuentra cada vez mayores obstáculos en el ejercicio de sus derechos. La autonomía e independencia son percibidas desde el sector público como potencial riesgo de que la participación se torne en ejercicio de controles sociales indeseados, por lo que proliferan los espacios manipulados, y aumentan las formas de intermediación y limitación de las actividades de la sociedad organizada (en este contexto se inscribe el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que plantea restricciones al financiamiento independiente al Estado que hoy pueden recibir las organizaciones civiles).
En referencia a ciertos mecanismos de participación específicos, en la práctica se ha observado una tendencia al irrespeto de derechos políticos a través de: una política de Estado de criminalización de la protesta; el desconocimiento de la voluntad popular al replantear consultas populares hasta obtener el resultado esperado por el sector oficial; establecimiento de plazos tan breves en los procesos, que comprometen la calidad de la participación, por ejemplo, al dificultarse la inscripción de nuevos votantes; e inhabilitaciones a candidatos a cargos de elección popular, por actuación de la Contraloría General de la República, sin pronunciamiento judicial al respecto.
Así pues, la misión del CDH se desarrolla en un contexto complejo de desconocimiento de la Constitución y de los tratados de derechos humanos, en medio del cual este Centro continuará aportando en los proyectos a la comunidad, ofreciendo atención y orientación a los estudiantes, y trabajando en redes con organizaciones de derechos humanos.
Para esto existen condiciones que favorecen el trabajo, entre éstas la fortaleza que ha alcanzado la proyección de la Ucab en las comunidades. Se han abierto posibilidades con el trabajo comunitario de los estudiantes, el movimiento estudiantil muestra intenciones de hacer propuestas sustantivas para mejorar la realidad venezolana y se cuenta con las recomendaciones contenidas en la Agenda por los Derechos Humanos y la Democracia, de la coalición Foro por la Vida (a la que el CDH pertenece), como forma de impulsar la elaboración de un plan nacional, con participación ciudadana, para el diseño y ejecución de políticas públicas en materia de derechos humanos en el país.
Sin duda alguna, el desafío que se nos presenta es grande, pero también lo es la plataforma sólida en la que se desarrolla nuestro trabajo: la Ucab.
María Gabriela Cuevas
Centro de Derechos Humanos
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